MEDIDAS LABORALES DERIVADAS DEL COVID-19

La incierta situación que vive actualmente el país, por la declaración del Estado de Alarma a raíz de la crisis sanitaria, ha afectado y está afectando a todos los sectores y niveles, y de modo muy interrelacionado con repercusiones mutuas. Por ello el 24 de marzo de 2020, el Colegio de Abogados de Barcelona, ha publicado una guía de las medidas laborales y fiscales, a los efectos de tener un conocimiento general de los cambios que se están produciendo, y nos afectan a todos de modo directo o indirecto.

En un artículo anterior hacíamos referencia a las situaciones que se están viviendo de imposibilidad del pago de las pensiones de alimentos, y qué medidas judiciales debíamos adoptar en este supuesto. El link del citado artículo es el siguiente: http://bozarucosa.com/blog/actualizacion-de-los-criterios-en-familia-y-actuacion-frente-a-la-imposibilidad-del-pago-de-la-pension-de-alimentos/

Ahora nos vemos en la necesidad de abordar las medidas que pueden adoptar, tanto los trabajadores autónomos, como los trabajadores por cuenta ajena, ante la crisis del COVID-19.

Entre las medidas más destacadas contempladas en Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo que estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria de Alarma; con el objeto de salvaguardar el empleo, y sujetas al compromiso de la empresa de mantenerlo, durante el plazo de 6 meses desde la reanudación de la actividad, según establece la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Ley que comentamos, están las siguientes:

1.- El Teletrabajo: Se establece el carácter preferente del trabajo a distancia; en este sentido, se facilitarán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible, y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado.

2.- Adaptación del horario y reducción de jornada: Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas en el apartado anterior que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19.

            Este derecho a adaptar la jornada laboral, es un derecho individual de cada progenitor o cuidador y puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, etc.

Para que concurra una reducción de jornada del 100%, deberá ser siempre justificada, razonable y proporcionada, con las necesidades del cuidado que tiene que dispensar la persona trabajadora, respecto de las necesidades de organización de la empresa. Únicamente puede existir vía acuerdo entre empresario y trabajador, puesto que la legislación, al tratarse de un supuesto excepcional, no contempla un procedimiento para dirimir la situación en caso de desacuerdo.

3.- Prestación extraordinaria por cese de la actividad de autónomos: Con carácter excepcional y con una vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en el artículo 17 del Real Decreto, siempre que cumplan  una serie de requisitos, que son entre otros:

3.1.- Estar afiliados y en alta, a fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

3.2.- En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75%, en relación con la efectuada en el semestre anterior.

3.3.- Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social; pudiendo subsanar el defecto de impago de cuotas, en el plazo improrrogable de treinta días naturales.  

La cuantía de la prestación, se determinará aplicando el 70% de la base reguladora, calculada de conformidad lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social, que en este artículo no vamos a entrar a valorar.

4.- Incapacidad Temporal por COVID-19 de trabajadores y autónomos: En caso de que un trabajador o autónomo padezca síntomas de coronavirus; en aras a la especial situación que vivimos, en que se debe velar en primera instancia para la protección de la salud pública; éste tendrá la consideración de situación de incapacidad temporal por accidente laboral/profesional o enfermedad laboral/profesional. Es decir, desde que se implantó el Estado de Alarma, el aislamiento o contagio por coronavirus, no tiene el trato de enfermedad común, sino de accidente de trabajo, que se aplicará con carácter retroactivo desde que se produjo tal situación de baja.

5.- ERTE: Expediente de regulación temporal de ocupación: Serán de aplicación para afrontar el grave impacto económico y social del coronovirus; ante situaciones que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias que impliquen el contagio de la plantilla.

La tramitación de estos ERTE o expedientes de regulación de uso de suspensión temporal y/o reducción de la jornada laboral, debe tramitarse telemáticamente durante el período de alarma, siguiendo los requisitos que establece la Ley.

A modo de pincelada, destacamos que, el Real Decreto Ley 8/2020, establece en su artículo 20, la exoneración a la empresa del abono íntegro de la aportación empresarial, y de recaptación conjunta, por mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada, autorizado sobra la base de esta causa; cuando la empresa a fecha 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar, alcanzará al 75% de la aportación empresarial. En ambos dos casos, se mantendrá la consideración de este período como efectivamente cotizado, con carácter general, para el trabajador.

En cualquier caso, debemos concluir, que los ERTEs se han convertido en la única salida que han tenido las empresas ante la situación de Estado de Alarma que estamos viviendo, y la única vía para frenar el gran volumen de contagios, que desgraciadamente, en vez de cesar, va progresivamente en aumento.

Pero, una vez el problema sanitario esté controlado y se levante el Estado de Alarma, se debe ofrecer tranquilidad a los trabajadores que viven con incertidumbre esta situación, manifestando que es provisional, y que van a recuperar sus empleos, en las mismas condiciones que tenían antes de la crisis provocada por el COVID-19.

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