EN ARGENTINA LOS NIÑOS PUEDEN RECLAMAR CURAS PERSONALES NO INVASIVAS

EN ARGENTINA A LOS 16 AÑOS SE ES CUASI ADULTO

Los adolescentes argentinos de entre trece y dieciséis años pueden tomar decisiones sobre tratamientos médicos que no sean invasivos, ni pongan en riesgo su salud o integridad física. Por ejemplo: ir al médico, hacerse ecografías, radiografías o análisis de sangre. No necesitan que su madre o padre lo acompañen o autoricen. Sin embargo, si se trata de tratamientos invasivos, o que impliquen riesgos importantes, el menor deberá consentir junto con sus progenitores. En caso de conflicto entre el adolescente y sus padres, se tendrá en cuenta el interés superior del adolescente, siempre basándose en la opinión médica sobre las consecuencias del tratamiento. En Argentina el menor goza de abogado público.

El artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) establece este derecho, y queda complementado con el artículo 59 del CCyC, el cual regula el consentimiento informado, estableciendo que no se requiere capacidad legal para tomar decisiones médicas, sino aptitud o competencia.

Siguiendo con el artículo 26, indica que, partir de los dieciséis años, el adolescente se considera adulto para tomar decisiones sobre su propio cuidado médico. Esto es porque el menor va adquiriendo consciencia sobre su cuerpo, y la necesidad de cuidarlo. La consideración de la madurez a partir de los 16 años en Argentina, lleva a que también puedan votar.

Argentina aboga por el concepto de capacidad progresiva: la madurez no se adquiere de un día para otro al cumplir los 18 años, es una evolución progresiva.

La dificultad en este caso está en definir qué se considera tratamiento invasivo, ya que ello es básico para determinar la capacidad del adolescente.

Así pues, en situaciones donde la voluntad de los padres y del niño o adolescente coinciden, y ambos buscan preservar la salud, no habrá problemas. Los problemas graves pueden surgir cuando uno de ellos se niega a una práctica médica, que puede poner en riesgo la vida o salud del menor. En estos casos, si el menor tiene entre trece y dieciséis años, el juez resolverá el conflicto, teniendo en cuenta el interés del niño, su voluntad, y basándose en la opinión del médico.

Si la vida del niño está en peligro, y los padres se oponen a que se le practique la terapia que podría curarlo, el menor podrá acudir a la defensa pública, siendo asistido por un abogado a expensas del erario público, y podrá prescindir de la opinión de los padres obteniendo la intervención necesaria mediante autorización judicial. Esto es porque la vida de los hijos es una responsabilidad primordial de los progenitores, pero también considerada de interés superior, y para ello todo menor puede ser siempre asistido por un abogado exclusivo. A modo de ejemplo, en la jurisprudencia argentina existen casos en los que el juez ha ordenado la transfusión de sangre a menores, aunque los padres se opusieran a ello por razones religiosas (caso de los testigos de Jehová). Ello es porque, cuando un niño está en una situación de peligro inminente, los padres no pueden arriesgar su vida basándose en creencias religiosas que el niño no puede comprender.

Sin embargo, ello cambia si el menor ha adoptado las convicciones religiosas de sus padres, y tiene edad, discernimiento y madurez suficiente para negarse a la práctica médica. En este caso, el juez podrá tomar otra decisión, pero siempre deberá comprobarse que el niño ha tomado la decisión libremente, por ejemplo, a través de un peritaje psicológico.

A modo de conclusión, el artículo 26 CCyC tiene en cuenta tres elementos en cuanto al ejercicio de los derechos de los menores de edad: la edad, la madurez y la entidad del acto médico.

Art. 26 CCyC:

“La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.

No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.

La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona.

Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.

Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.

A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.”

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