{"id":16156,"date":"2023-03-27T09:41:44","date_gmt":"2023-03-27T09:41:44","guid":{"rendered":"https:\/\/bozarucosa.com\/blog\/?p=16156"},"modified":"2025-12-01T13:53:14","modified_gmt":"2025-12-01T13:53:14","slug":"el-supremo-recuerda-la-innecesariedad-de-duplicar-la-informacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bozarucosa.com\/blog\/el-supremo-recuerda-la-innecesariedad-de-duplicar-la-informacion\/","title":{"rendered":"EL SUPREMO RECUERDA LA INNECESARIEDAD DE DUPLICAR LA INFORMACI\u00d3N<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n

INNECESARIA APORTACI\u00d3N DE DOCUMENTOS OBRANTES EN LA ADMINISTRACI\u00d3N<\/p>\n\n\n\n

La nueva normativa sobre el procedimiento administrativo informa del derecho que ostenta el ciudadano, al no tener que aportar aquellos documentos que ya est\u00e9n en posesi\u00f3n de la Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas<\/strong>, regula en el art\u00edculo 28, la documentaci\u00f3n necesaria a aportar en el procedimiento administrativo, siendo un derecho y un deber. Los ciudadanos tienen el deber de aportar en el procedimiento administrativo los datos y los documentos exigidos por las Administraciones P\u00fablicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados tienen el derecho de aportar cualquier otro documento que crean necesario.<\/p>\n\n\n\n

En el apartado 2 del mismo art\u00edculo, se concreta el derecho de los ciudadanos a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administraci\u00f3n o hayan sido elaborados por cualquier otra Administraci\u00f3n. La Administraci\u00f3n actuante podr\u00e1 consultar o recabar los documentos a no ser, que el interesado se oponga a ello. <\/p>\n\n\n\n

Lo anterior permite una intercomunicaci\u00f3n entre las administraciones p\u00fablicas para recabar los documentos a trav\u00e9s de los medios tecnol\u00f3gicos a su disposici\u00f3n. De igual forma, se aplica el principio de una sola vez,<\/strong> cuyo objetivo se centra en reducir los tr\u00e1mites administrativos para los individuos y las empresas, para as\u00ed, eliminar la carga administrativa que se produce cuando los interesados deban aportar la misma informaci\u00f3n m\u00e1s de una vez en diferentes organismos del sector p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el apartado 3 del art\u00edculo 28 de la misma ley, las Administraciones P\u00fablicas no requerir\u00e1n a los administrados, datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administraci\u00f3n. El interesado debe indicar la fecha y ante qu\u00e9 \u00f3rgano administrativo present\u00f3 los documentos, debiendo las Administraciones P\u00fablicas recabarlos telem\u00e1ticamente, a trav\u00e9s de sus redes corporativas o, consultando las diferentes plataformas digitales. S\u00f3lo a modo excepcional, las Administraciones P\u00fablicas podr\u00e1n solicitar de nuevo los documentos al ciudadano en caso de que no pudieran conseguirlos de otra manera.<\/p>\n\n\n\n

Esta ley introduce una novedad y es considerar que el ciudadano consiente la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n, por defecto. Por ello, \u201cse presumir\u00e1 que la consulta u obtenci\u00f3n es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposici\u00f3n expresa o la ley especial aplicable requiera de un consentimiento expreso\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

En consonancia con lo anterior, la sentencia del Tribunal Supremo 27\/2023, de 12 de enero<\/strong>, ha fijado doctrina para recordar a la Administraci\u00f3n la no obligatoriedad por parte de los ciudadanos de aportar documentos que ya obran en manos de las Administraciones P\u00fablicas o han sido elaborados por ellas. A\u00f1ade, que deben ser los propios gestores p\u00fablicos los que reclamen los datos al departamento que corresponda por v\u00eda telem\u00e1tica. Por ello, la resoluci\u00f3n dictamina el alcance del deber de colaboraci\u00f3n entre las administraciones p\u00fablicas tal y como regula el art\u00edculo 28.2 de la Ley 39\/2015.<\/p>\n\n\n\n

Como conclusi\u00f3n, el Tribunal Supremo incide en que la Administraci\u00f3n P\u00fablica \u201cdebe servir con objetividad los intereses generales y actuar acorde con los principios de eficacia, jerarqu\u00eda, descentralizaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho\u201d. <\/em>Por este motivo, es relevante el deber de colaboraci\u00f3n entre las administraciones p\u00fablicas tal y como se regula en el art\u00edculo 28.2 de la Ley 39\/2015, que de momento brilla bastante por su ausencia, raz\u00f3n por la que en el despacho aplaudimos la reciente sentencia del Tribunal Supremo que, augura el inicio en la mejora de la burocracia espa\u00f1ola.<\/p>\n\n\n\n

A continuaci\u00f3n, les dejamos art\u00edculos que pueden ser de su inter\u00e9s:<\/p>\n\n\n\n

https:\/\/bozarucosa.com\/blog\/el-tribunal-supremo-resuelve-cuestiones-muy-controvertidas-en-familia\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

https:\/\/bozarucosa.com\/blog\/cambios-introducidos-por-la-nueva-ley-de-jurisdiccion-voluntaria\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

https:\/\/bozarucosa.com\/blog\/necesario-pronunciamiento-sobre-el-plan-de-parentalidad\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

https:\/\/bozarucosa.com\/blog\/la-mala-fe-procesal-arrebata-los-derechos-sucesorios-a-una-filiacion-determinada-judicialmente\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

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