{"id":267,"date":"2015-04-14T15:48:27","date_gmt":"2015-04-14T15:48:27","guid":{"rendered":"https:\/\/bozarucosadvocats.wordpress.com\/?p=267"},"modified":"2025-12-01T13:54:50","modified_gmt":"2025-12-01T13:54:50","slug":"el-impago-de-la-pension-alimenticia-en-la-nueva-reforma-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bozarucosa.com\/blog\/el-impago-de-la-pension-alimenticia-en-la-nueva-reforma-penal\/","title":{"rendered":"El impago de la pensi\u00f3n alimenticia en la nueva reforma penal"},"content":{"rendered":"
La reforma del C\u00f3digo Penal de 31 de marzo de 2015, que entrar\u00e1 en vigor el 1 de julio de este mismo a\u00f1o, ha introducido novedades que afectan a la Familia. Dentro de estas novedades introducidas, encontramos la supresi\u00f3n de las faltas de abandono; que las conductas m\u00e1s graves de incumplimiento de deberes familiares quedan tipificadas como delito en los art\u00edculos 226 y siguientes; retoques en violencia dom\u00e9stica o de g\u00e9nero; introducci\u00f3n de nuevos delitos contra la libertad, la libertad sexual y la intimidad; se ha establecido una delimitaci\u00f3n clara entre administraci\u00f3n desleal y apropiaci\u00f3n indebida. La eliminaci\u00f3n de las faltas establecidas en el C\u00f3digo Penal, conlleva, en familia, la derogaci\u00f3n del art\u00edculo 622 relativo al incumplimiento del r\u00e9gimen de visitas, incumplimiento hasta ahora considerado como una falta en el C\u00f3digo Penal, pero que a partir de la entrada en vigor de dicha reforma pasar\u00e1 a ser sancionado civilmente en virtud del art\u00edculo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/p>\n
Los dos temas que se van a tratar a continuaci\u00f3n: el impago de las pensiones alimenticias <\/em>y la suspensi\u00f3n o no de la pensi\u00f3n de alimentos, <\/em>no se han visto pr\u00e1cticamente modificados, sin embargo, en la pr\u00e1ctica son temas controvertidos y es por ello que son de especial trascendencia.<\/p>\n
\u00bfEl impago de la pensi\u00f3n alimenticia es constitutivo de delito?<\/strong><\/p>\n
La crisis econ\u00f3mica ha disparado las denuncias penales<\/span><\/strong> por el impago de pensiones alimenticias<\/span><\/strong>. En un primer momento, el impago de dichas pensiones parece ser constitutivo de delito, tipificado en el art\u00edculo 227.1 del C\u00f3digo Penal, situado en la Secci\u00f3n 3\u00aa del Cap\u00edtulo III del T\u00edtulo XII del Libro II, bajo la r\u00fabrica \u201cDel abandono de familia, menores e incapaces\u201d, <\/em>r\u00fabrica que ha sido modificada y que pasa a decir \u201cDel abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protecci\u00f3n\u201d. <\/em>Es en esta Secci\u00f3n donde se integran las conductas m\u00e1s graves de incumplimiento de deberes familiares, todas ellas tipificadas como delitos, y m\u00e1s ahora, teniendo en cuenta que la reforma del C\u00f3digo Penal del pasado 31 de marzo de 2015 que entrar\u00e1 en vigor el 1 de julio de ese mismo a\u00f1o, ha suprimido las faltas en su articulado.<\/p>\n
El precepto citado, establece que \u201cEl que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos cualquier tipo de prestaci\u00f3n econ\u00f3mica en favor de su c\u00f3nyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resoluci\u00f3n judicial en los supuestos de separaci\u00f3n legal, divorcio, declaraci\u00f3n de nulidad del matrimonio, proceso de filiaci\u00f3n, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n de tres meses a un a\u00f1o o multa<\/span> de seis a 24 meses\u201d. <\/em>Sin embargo, para que pueda aplicarse efectivamente dicho precepto y el impago pase a ser considerado delito se exige la concurrencia de una serie de elementos.<\/p>\n
Existe una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS 28-07-1999, 13-02-2001 y 03-04-2001, 08-07-2002, 16-06-2003, entre otras y Auto TS 15-04-2004)<\/em> que configura el delito previsto en el art\u00edculo 227 CP como un delito de omisi\u00f3n<\/span><\/strong> que exige para su consumaci\u00f3n la exigencia de dos elementos objetivos y uno subjetivo:<\/p>\n
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La existencia de una resoluci\u00f3n judicial firme<\/span> <\/strong>dictada en proceso de separaci\u00f3n, divorcio, nulidad matrimonial, filiaci\u00f3n o alimentos, o convenio aprobado por la autoridad judicial competente que establezca la obligaci\u00f3n de abonar una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica a favor del c\u00f3nyuge o de los hijos.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
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La conducta omisiva<\/span><\/strong> que consiste en el impago reiterado de esa prestaci\u00f3n econ\u00f3mica durante los plazos exigidos en el precepto legal, es decir, dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, conducta \u00e9sta de omisi\u00f3n que consuma el delito por ser de mera inactividad, sin necesidad de que de ello derive ning\u00fan resultado perjudicial distinto del que ya produce la falta de percepci\u00f3n de la prestaci\u00f3n establecida.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
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El elemento subjetivo<\/span><\/strong> se configura por el comportamiento doloso<\/span><\/strong> del sujeto, es decir, el conocimiento de la obligaci\u00f3n de pagar y la voluntariedad de incumplir la misma, la cual resulta inexistente en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la prestaci\u00f3n debida.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Este \u00faltimo requisito queda excluido ante la denominada \u201cpresi\u00f3n por deudas\u201d, <\/em>expresamente prohibida por el art\u00edculo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/span> de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966 (\u201cnadie ser\u00e1 encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligaci\u00f3n contractual\u201d), <\/em>precepto que se integra en nuestro Ordenamiento Jur\u00eddico, conforme a lo dispuesto en los art\u00edculos 10.2\u00ba y 96.1\u00ba de la Constituci\u00f3n. As\u00ed, no es posible sancionar conductas al amparo del art\u00edculo 227 CP en aquellos supuestos de imposibilidad de cumplimiento<\/span><\/strong>. Del mismo modo se han pronunciado las Audiencias Provinciales de Tarragona y de Barcelona (SSAP de Tarragona, 18 de junio de 2013 [JUR 2013\\273012] y 20 de junio de 2013; SAP de Barcelona, 6 de octubre de 2014 [ARP 2014\/1477]).<\/em><\/p>\n
En estos casos, podemos concluir, que corresponde a la acusaci\u00f3n<\/strong> la carga de probar<\/span><\/strong>, mediante la averiguaci\u00f3n patrimonial, la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del acusado; elemento esencial para acreditar su capacidad para el pago de la pensi\u00f3n alimenticia. Corresponde a la defensa<\/strong> aportar toda aquella documentaci\u00f3n para acreditar la falta de recursos econ\u00f3micos para hacer frente a la pensi\u00f3n alimenticia, resaltando la voluntad de cumplir<\/span><\/strong> con la obligaci\u00f3n alimenticia<\/span><\/strong>, pese a la insuficiencia econ\u00f3mica. Queda claro pues, que el delito de abandono econ\u00f3mico<\/span><\/strong> de familia requiere un plus de antijuricidad<\/span><\/strong> cuando el sujeto, pudiendo satisfacer la pensi\u00f3n, hace dejadez consciente y voluntaria de su obligaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00bfProcede la suspensi\u00f3n del pago de la pensi\u00f3n de alimentos?<\/strong><\/p>\n
En los casos en que el progenitor no custodio se encuentra en una situaci\u00f3n de insolvencia econ\u00f3mica y carencia de recursos econ\u00f3micos que le hacen imposible no solo atender el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimenticia, sino incluso atender a sus propias necesidades; surge la controversia acerca de si es posible o no suspender el pago de la pensi\u00f3n de alimentos hasta que dicho progenitor venga a mejor fortuna.<\/p>\n
Ante esta situaci\u00f3n, la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales no es uniforme y parece existir cierta controversia. Para la mayor\u00eda de las Audiencias existe la posibilidad de la suspensi\u00f3n de la obligaci\u00f3n de prestar alimentos<\/span><\/strong> (SAP de San Sebasti\u00e1n de 5 de diciembre de 2008; SAP de A Coru\u00f1a de 16 de enero de 2013; SAP de C\u00e1diz, Secci\u00f3n 5\u00aa, 23 de mayo de 2013). <\/em>Sin embargo, existen otras resoluciones de Audiencias, m\u00e1s rigurosas y exigentes, que no conceden dicha suspensi\u00f3n, incluso cuando se acredita que el progenitor no custodio se encuentra en situaci\u00f3n de desempleo sin percibir ayudas p\u00fablicas, siempre que se constate que est\u00e1 en edad laboral y aptitud para la obtenci\u00f3n de ingresos; y fijan en tales casos una pensi\u00f3n, denominada \u201cm\u00ednimo vital<\/span>\u201d<\/strong>, que cubra las necesidades m\u00e1s imprescindibles del hijo (SAP de Barcelona, Secci\u00f3n 12, 8 de junio de 2012; SAP de Gij\u00f3n, Secci\u00f3n 7\u00aa, 19 de julio de 2013)<\/em>.<\/p>\n
Con estos antecedentes y este contexto, el Tribunal Supremo, ha fijado doctrina jurisprudencial<\/span><\/strong> al respecto a trav\u00e9s de las Sentencias de<\/em> 19 de enero de 2015 [JUR 2015\/62689]; de 12 de febrero de 2015 [JUR 2015\/66780] y de 2 de marzo de 2015 [JUR 2015\/74106], <\/em>manifest\u00e1ndose a favor de la primera de las posturas, es decir, a FAVOR de la suspensi\u00f3n del pago de la pensi\u00f3n de alimentos en aquellos casos de progenitores que se encuentran en situaci\u00f3n de carencia de medios y recursos econ\u00f3micos. La Sala considera que \u201cla obligaci\u00f3n de prestar no es tan absoluta que obligue a su mantenimiento cuando consta acreditado que el progenitor a quien se reclaman carece de ingresos o estos son tan reducidos que no alcanzan a cubrir siquiera sus propias necesidades<\/span>, que vienen siendo atendidas por sus familiares y\/o amigos\u201d, <\/em>a\u00f1adiendo que \u201cesta carencia se convierte en una causa de fuerza mayor<\/strong><\/span> que impide incluso la fijaci\u00f3n del denominado \u201cm\u00ednimo vital\u201d<\/span>, al convertirse en una prestaci\u00f3n imposible<\/span>. <\/em>Sin embargo, esta soluci\u00f3n judicial queda sometida a una serie de requisitos<\/span> o condicionantes<\/span>:<\/p>\n
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Car\u00e1cter muy restringido y excepcional<\/span><\/strong>: Se tiene que tener SIEMPRE en cuenta que de los datos econ\u00f3micos obrantes en las actuaciones judiciales debe desprenderse y acreditarse una situaci\u00f3n verdadera de insolvencia<\/strong> econ\u00f3mica<\/strong> o pobreza absoluta<\/strong> por parte del progenitor alimentante cuyas necesidades han de ser, incluso, cubiertas por aquellas personas que por disposici\u00f3n legal deben hacerlo.<\/li>\n<\/ul>\n
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Car\u00e1cter temporal<\/span><\/strong>: Ante la m\u00e1s m\u00ednima presunci\u00f3n de obtenci\u00f3n de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, deber\u00e1 de acudirse a la soluci\u00f3n que se viene predicando por las Audiencias Provinciales como \u201cnormal\u201d, <\/em>es decir, a trav\u00e9s de un procedimiento de modificaci\u00f3n de medidas se tendr\u00e1 que fijar una pensi\u00f3n de alimentos aunque sea m\u00ednima (\u201cm\u00ednimo vital\u201d), aunque el progenitor alimentante le suponga un gran esfuerzo.<\/li>\n<\/ul>\n
Por tanto, podemos concluir que para determinar la procedencia o no de una posible suspensi\u00f3n del pago de la pensi\u00f3n de alimentos, el progenitor alimentante tiene que estar en una situaci\u00f3n de insolvencia econ\u00f3mica verdadera o pobreza absoluta, la cual no le permita ni hacerse cargo de sus propias necesidades y tenga que recurrir a la ayuda de aquellas personas que por disposici\u00f3n legal deben hacerlo.<\/p>\n\n\n
A continuaci\u00f3n, les dejamos art\u00edculos que pueden ser de su inter\u00e9s siguiendo el tema expuesto.<\/p>\n\n\n\n
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rma del C\u00f3digo Penal de 31 de marzo de 2015, que entrar\u00e1 en vigor el 1 de julio de este mismo a\u00f1o, ha introducido novedades que afectan a la Familia. Dentro de estas novedades introducidas, encontramos la supresi\u00f3n de las faltas de abandono; que las conductas m\u00e1s graves de incumplimiento de deberes familiares quedan tipificadas como delito en los art\u00edculos 226 y siguientes; retoques en violencia dom\u00e9stica o de g\u00e9nero; introducci\u00f3n de nuevos delitos contra la libertad, la libertad sexual y la intimidad; se ha establecido una delimitaci\u00f3n clara entre administraci\u00f3n desleal y apropiaci\u00f3n indebida. La eliminaci\u00f3n de las faltas establecidas en el C\u00f3digo Penal, conlleva, en familia, la derogaci\u00f3n del art\u00edculo 622 relativo al incumplimiento del r\u00e9gimen de visitas, incumplimiento hasta ahora considerado como una falta en el C\u00f3digo Penal, pero que a partir de la entrada en vigor de dicha reforma pasar\u00e1 a ser sancionado civilmente en virtud del art\u00edculo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/p>\n